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[Chillán] La Universidad de Concepción es la universidad más importante fuera de Santiago, la tercera mejor del país y un referente en Latinoamérica. Creada hace 97 años en Concepción y 62 en Chillán. Cerca del 10% de la producción científica del país proviene de esta universidad y dentro de sus aulas se encuentran aproximadamente 25000 alumnos de pregrado estudiando. Un asunto muy importante es que la UdeC acoge una gran cantidad de alumnos talentosos, pero provenientes de contextos vulnerables. Sin embargo, todos estos asuntos son aparentemente de poca importancia para la actual reforma educacional, la que considera que la forma “natural” de clasificar las universidades es si son gestionadas por el Estado o no. Es importante mencionar que la UdeC nace como una necesidad de la ciudadanía, que solicitó al Estado establecer una universidad en la región, y el gobierno de turno determinó que no era necesario y que las universidades de Santiago serían suficientes para el país. Nótese que en ausencia de la Universidad de Concepción Chile hoy tendría 57000 profesionales menos.

La nueva reforma educacional considera eliminar o reducir sustancialmente los aportes fiscales que hace el gobierno a las universidades del Consejo de Rectores en general, y solo considerar a las instituciones administradas por el Estado, dejando fuera al resto de universidades que, siendo privadas, tienen un rol público y un tremendo impacto en la sociedad. Estas universidades, el G9 en su conjunto, produce más de la mitad de los bienes públicos del país. Y parafraseando a la ministra Delpiano, si dichas universidades quieren recibir recursos públicos deberán permitir cierto control estatal.

¿Qué tipo de solución es esa? La UdeC lleva 97 años cumpliendo el rol del Estado en la región, en materia de educación y como reductor de desigualdades, ofreciendo matrículas comparativamente bajas, otorgando becas propias a cientos de alumnos, dando salud, alimentación y alojamiento a otros cientos, trabajando por el desarrollo social y descentralizado de Chile sin tener un representante del gobierno opinando sobre su gestión. La sola propuesta de discriminar a las universidades de acuerdo a su naturaleza jurídica supone ignorancia al verdadero rol de las universidades, y del vínculo que tienen con la sociedad. Más aun, aislar a la UdeC del apoyo estatal, será un error gratuito para un ministro que dejará el problema para el siguiente, pero la región y el país sufrirán los costos.

El lector puede preguntarse, si la UdeC finalmente no permite la intromisión del Estado en su administración, ¿al gobierno le sobrarán esos recursos? O, por otro lado, si la UdeC acepta la propuesta de la ministra, ¿los recursos financieros estarán asegurados para la UdeC, o también dependerá del crecimiento económico del país? De acuerdo a los medios… nadie sabe nada.

Si la reforma no se corrige, y se convierte en otro gran error, lejos de ser una mejora a la educación, será un retroceso en el desarrollo económico de la región, tanto desde el punto de vista de generación de mano de obra capacitada (y altamente capacitada) como de la accesibilidad al conocimiento.

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